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Rescate: ¿Cómo nos afecta día a día?


Ahora que finalmente se ha confirmado el plan de rescate para España al estilo del irlandés,  basado no tanto en el estado de las finanzas públicas como en nuestra incapacidad para sanear el sector bancario, tenemos que preguntarnos cómo afectará al ciudadano la tutela 'oficial' por parte de Bruselas y el FMI de nuestra economía.


Un país se declara en quiebra total o parcial cuando sus cuentas públicas y su falta de liquidez no le permiten pagar sus deudas, tanto a particulares como a organismos internacionales o terceros países. En esa situación,  su alternativa es que organismos supranacionales -como el Banco Central Europeo (BCE),  el Fondo  Monetario Internacional (FMI) o el conjunto de la UE- refinancien su deuda a un determinado tipo de interés y con un plazo temporal concreto. En el caso de España, lo que se está poniendo en duda es la capacidad del Estado para sanear el sistema bancario, puesto que  aunque lo hiciera, el esfuerzo requerido sería de tal calibre que lastraría aún más la capacidad de salida de la recesión en que estamos inmersos.

Cómo afecta a las finanzas
En lo que respecta a las finanzas el rescate afecta  sobre todo, al mercado de la deuda pública, a la Bolsa, al sistema financiero y a las divisas. Al Estado le cuesta más dinero colocar su deuda en los mercados: debe pagar un mayor diferencial,  la famosa prima de riesgo, con respecto a su homólogo alemán. Respecto a los mercados de valores, son muy sensibles a cualquier mala noticia sobre la economía de un país, por lo que los inversores tienden  deshacerse de sus activos en las empresas  de dicha nación.
Por su parte, los bancos se sitúan en medio de la espiral de desconfianza:  los consumidores,  ante el desanimante panorama económico, pueden optar por retirar su dinero. Además, las entidades son las principales tenedoras  de Letras del Tesoro, por lo que una devaluación de éstas afectaría a su balance de cuentas. Por último, la moneda se debilita cuando la solvencia nacional  está en duda (como  es el caso del euro), de modo que los inversores acuden a otras divisas que ofrezcan más liquidez.
Y por último, el país perdería atractivo como destino de inversión internacional. Además,  las multinacionales españolas tendrían más problemas para financiarse en los mercados.

¿Y a los ciudadanos?
Cuando un país recibe un préstamo extraordinario, no le queda más remedio que permanecer bajo vigilancia durante un determinado periodo de tiempo para garantizar que cumple lo acordado. Por ese motivo los gobiernos ponen en marcha un plan para reducir el déficit. Y éste se traduce, sobre todo en recortes sociales y subidas de impuestos.
De hecho, la ciudadanía española ya está viviendo las consecuencias de unos ajustes que tienen como fin reducir el déficit y evitar un rescate, pero siempre cabe lugar al empeoramiento. El inmediato 'recortazo' sería el  que ya ha sugerido la Comisión europea en su revisión del Plan de Estabilidad del Gobierno, a saber; reducción en tiempo y cuantía del desempleo, puesta en marcha del retraso en la jubilación, reforma del sistema impositivo y subida de impuestos...

El plan de rescate sin duda incluiría una corrección severa de la marcha de reducción del déficit, lo que se traduciría en:
. Incremento de la carga tributaria, derivada de la necesidad del Estado de ingresar más recursos con los que atender el servicio de la deuda.
. Efectos  negativos sobre las rentas del trabajo o del capital, debido a un cúmulo de factores, como la reducción de salarios de empleados públicos, cierre de empresas por la caída de demanda, cancelación de contratos públicos por la necesidad de recortar gasto...
. Más despidos en la función pública.

¿Qué han hecho los vecinos?
Como ejemplos, hay que recordar lo que se ha hecho en nuestros países vecinos. Grecia, la primera en caer, ha subido cuatro puntos el tipo general del IVA, del 19% al 23%, redujo las pensiones, incrementó el periodo de cotización y elevó la edad de jubilación a 67; ha aumentado un 20% los impuestos sobre tabaco, alcohol y carburantes, y redujo en un 16% los salarios públicos.
Irlanda despidió a más de 24.000 funcionarios y bajó los salarios de los miembros del Gobierno un 25%. Además, el sueldo mínimo descendió un euro por hora trabajada, hasta los 7,65 euros.  El IVA bajó medio punto pero en 2013 aumentará al 22%, con un incremento posterior al 23% en 2014. También se encarecieron las tasas universitarias en 500 euros. Respecto a las pensiones, hay retrasos progresivos hasta los 68 años en 2028.

Fuente: Diariocrítico.com

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